Se creará por ley un régimen de enlace estatal/privada para atraer U$S 40.000 millones que permitiría dirimir conflictos en la justicia extranjera

Su realización depende, en parte, de la aprobación en el Congreso de un nuevo régimen de inversión en obras públicas con garantías para el sector privado. Las espadas económicas de Macri se cruzaron en al menos cuatro reuniones que mantuvieron en las últimas tres semanas. El objetivo vale la disputa: intentaron ponerse de acuerdo para atender un pedido expreso del Presidente, que espera en los próximos días enviar al Congreso un proyecto de ley de participación público-privada (PPP), la herramienta con la que se financiaron obras millonarias en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile.

El Gobierno considera esa herramienta como un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato. Una fuente que participa de la mesa chica de discusión puso una cifra a esas ambiciones: hasta US$ 40.000 millones en cuatro años.

Hasta la semana pasada, el borrador estaba definido en un 85% y la idea era enviarlo al Congreso este mismo mes. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue más optimista en Washington (ver aparte): “El proyecto de ley está listo. Le hicimos algunas mejoras y va a ir al Congreso pronto”, confirmó.

Aunque la semana próxima el país saldrá del default, el equipo de Macri reconoce que el tendal de contratos rotos que dejó la crisis de 2001 le imprimió al país una mala fama entre los organismos financieros que no se borrará sólo con el voto de confianza del mercado al Presidente. Por eso trabajan en alternativas para disminuir la eventual discrecionalidad que pueda tener el país en caso de conflictos con los inversores.

Los borradores que circulaban entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior muestran esa búsqueda. Por caso, si se presentara una disputa técnica con respecto a una obra, por ejemplo un hospital, la futura ley y el contrato particular contemplarán la creación de un comité técnico para resolverla.

Si se trata de una cuestión comercial o financiera, siempre que una parte sustancial de la inversión haya provenido del exterior, una parte del grupo de trabajo recomienda renunciar de manera expresa al fuero contencioso administrativo y tributario para dirimir la disputa en un tribunal internacional, por ejemplo el Ciadi. El organismo fue la sede de centenas de juicios contra el Estado tras la crisis de 2001.

Pese a ese antecedente, los asesores de Macri consideran que resignar la justicia local es una de las pocas herramientas que le permitirían al país recuperar la confianza de los inversores. Tienen ejemplos cercanos: durante el gobierno kirchnerista, YPF cerró un acuerdo bajo ley norteamericana con Chevron según el cual los potenciales conflictos se dirimirían en tribunales franceses.

Un funcionario que vio la última versión reconoció que dejaba abierta la puerta para dirimir conflictos fuera del país.

Gentileza La Nación

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