El Poder Ejecutivo Nacional ordenó la desclasificación de documentación respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente, considerando “esencial el esclarecimiento del hecho investigado” sobre su muerte.

El Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto 176/2016 publicado hoy en el Boletín Oficial, dispuso la desclasificación de documentación respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente, considerando “esencial el esclarecimiento del hecho investigado” sobre su muerte.

La desclasificación abarca la totalidad de la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o cualquier otra dependencia.

Precisa que esa documentación puede de origen de inteligencia nacional o proveniente de servicios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identidades de los agentes de inteligencia pertinentes.

Se instruye a los organismos citados para que, dentro de los 30 días de publicado el Decreto, remitan la totalidad de la documentación, archivo y/o información precitada al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161.

El Decreto lleva la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En los considerandos expresa que dicho juzgado solicitó la desclasificación y el envío al tribunal de toda la documentación respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012, hasta el presente.

Recuerda que el artículo 16 ter de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 modificada por su similar N° 27.126 establece, entre otros extremos, que “el Poder Ejecutivo nacional podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes”.

Pone de relieve que “el Gobierno Nacional considera esencial el esclarecimiento del hecho investigado en la citada causa” y, en consecuencia, corresponde disponer las medidas solicitadas por el Juzgado interviniente.

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