Una decisión controversial ya que para muchos es simplemente cumplir con la ley, pero para otros es una decisión que traerá bastante polémica. El gobierno definió recientemente un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes y manifestaciones. Te lo mostramos.

El protocolo prevé la detención de manifestantes que cometan delitos y acciones civiles para que quien dañe algún bien, abone por su arreglo. El Gobierno publicará el texto en Internet en 15 días habilitando opiniones y luego lo oficializará.

La base del protocolo está explicada en un anexo de cinco puntos en los que se especifica cómo deberá actuar la Policía o la fuerza de seguridad que intervenga en cada caso. El texto diferencia entre las manifestaciones programadas y las espontáneas y prevé un plan de actuación para cada una.

Cuando la manifestación sea organizada, los funcionarios del área de seguridad deberán contactarse con los organizadores para “establecer un recorrido, tiempo de duración y realización y estimación de participantes” para que se avise a la Justicia y se informe a la población y así optimizar la circulación.

Cuando se trate de cortes “espontáneos”, las fuerzas de seguridad informarán a los manifestantes que deben liberar el lugar y al mismo tiempo se avisará a la Justicia. Si quienes cortan el tránsito se niegan a liberar el paso, “se abre un brevísimo momento de avisarles que por favor liberen la calle e inmediatamente si no lo hacen comienza un procedimiento de liberación por uso de la fuerza pública. Si el delito es infraganti las fuerzas pueden actuar por sí mismas sin necesidad de orden judicial, pero simultáneamente se le avisa a la Justicia”, explicó Bullrich.

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