Báez Envió un escrito al juez Casanello en donde apuntó al kirchnerismo, incluyendo a Calcaterra, primo de Macri, y a Cristóbal López.

En el escrito señaló lo siguiente:

“Es la administración quien selecciona las empresas contratistas”, dijo que lo hace a través de licitaciones que son el mecanismo que asegura transparencia. Afirma que este proceso está controlado no sólo por los funcionarios de la misma fuerza política, sino que son “observados, evaluados, auditados por el conjunto político de representantes del pueblo y de las provincias”.

“Esta modalidad de contratación se inscribe en políticas de Estado fijadas por los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en los últimos períodos de gobierno en lo que se conoce como el Plan Federal de Obra Pública”, escribió, sin poner los nombres Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido. “Esta política de Estado fue acompañada por actores de todos los partidos e ideologías políticas”, agregó.

“Sin embargo, los actores centrales de ellos no somos nosotros, sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores, nacionales y provinciales) y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos sobre los que reposa el deber de control”, dijo. Así atendió a los políticos, kirchneristas y no kirchneristas.

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Sobre los empresarios publicó una lista de varios contratistas de obra pública nacional donde Austral Construcciones es la última en importancia y Iecsa SA, de Angelo Calcaterra, la tercera. En la lista resaltó en negrita los nombres de Mario Rovella, que controla su ex empresa Gotti; Cristóbal López; Enrique Eskenazi, que recibió del kirchnerismo YPF; Felipe Gancedo; Juan Chedieck, que preside la Cámara Argentina de la Construcción, y Enrique Wagner, ex titular de la Cámara e investigado por Casanello. “Con la impronta que impusieron a la causa, todos los integrantes de esta lista deberían ser investigados”, dijo Báez.

Para cuestionar al juez, Báez siguió prefiriendo una defensa técnica. La primera parte de sus 18 carillas en cuerpo 10, firmadas por sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, apunta a decir que el juez Casanello no probó el delito precedente necesario para configurar el lavado de dinero. Se quejó de que el juez y el fiscal Guillermo Marijuan lo persiguen por millonario y aludió a que dicen que realizó obras con sobreprecios sin tener pruebas. Buscó desmentir las evidencias del juez para sostener que Báez lavó dinero mediante facturas truchas del grupo Suris, Patagónica Argentina, Grupo Penta, Calvento SA y Terrafori SA.

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